Ganaderos del Pastizal critican proyecto Represa de Casupá, advirtiendo sobre polarización y el ideario artiguista
La Asociación Uruguaya de Ganaderos del Pastizal (AUGAP) ha manifestado su rotundo rechazo al proyecto de la Represa de Casupá, impulsado por el gobierno para asegurar el abastecimiento de agua potable en el área metropolitana. El 23 de julio de 2026, la entidad declaró que la iniciativa carece de las «garantías técnicas, sociales y ambientales necesarias para proceder con una construcción de tal envergadura».
Presidida por Carlos María Uriarte, productor rural y exministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, la asociación de productores subrayó que su inquietud va más allá de los aspectos legales, extendiéndose a las «dimensiones humana, productiva y ambiental involucradas». Si bien reconocen la obligación estatal de garantizar un recurso básico como el agua, enfatizan que cualquier solución debe contemplar «de manera responsable a los afectados, el entorno natural y la normativa legal en vigor».
En un comunicado enviado a El Observador el mismo jueves 23 de julio, AUGAP expresó su preocupación por la «creciente polarización política» que ha dominado el debate sobre las opciones para el suministro de agua. Esta situación, señalaron, obstaculiza «un diálogo sosegado y fundamentado en datos técnicos». Por ello, instan a una «amplia discusión a nivel nacional» para analizar «todas las posibles vías de acción», con el fin de seleccionar la que genere «el menor impacto negativo en las personas y el ambiente, y preserve adecuadamente los recursos naturales».
La inquietud de los productores no se limita a Casupá; también se extiende al proyecto Arazatí, actualmente en fase de estudio. Respecto a Casupá, AUGAP advierte que la construcción «transformaría drásticamente el modelo productivo de la región» y «rompería el equilibrio forjado a lo largo de décadas de esfuerzo, arraigo y dedicación». La asociación enfatiza que la discusión sobre la represa no debe enfocarse solo en la necesidad infraestructural, sino que «debe llevar a una reflexión profunda sobre los costes ambientales, sociales y éticos» de las decisiones que se tomen.
La organización detalló que la ejecución de la represa provocaría la inundación de unas 3.000 hectáreas de pradera natural y la destrucción de 430 hectáreas de bosque autóctono en las Serranías del Este. Estos «ecosistemas, que han tardado siglos en consolidarse, con complejas interacciones entre su flora, fauna, suelos y cursos de agua, no pueden ser reubicados arbitrariamente como elementos de un puzle», argumentó.
Entre otros puntos, AUGAP considera «fundamental» que un proyecto de esta índole sea evaluado «con la máxima exigencia ambiental». Esto es crucial, señalaron, dado que «Uruguay ha edificado una reputación global basada en la preservación de su patrimonio natural, especialmente de su flora nativa». Asimismo, advierten sobre el impacto en «más de 80 familias rurales activas, que por cuatro, cinco e incluso seis generaciones han cultivado estas tierras, manteniendo la productividad, el entramado social y la vida comunitaria». Afirman que «detrás de cada propiedad destinada a ser inundada existen narrativas, linajes, formas de existencia, conexiones con el entorno y una identidad forjada a lo largo de generaciones».
Resaltaron que la zona posee «un profundo vínculo con la historia rural y el legado artiguista», donde «la tierra trasciende su valor meramente económico para constituirse en un componente esencial de la identidad nacional».
Para concluir, AUGAP manifestó su deseo de que las «autoridades pertinentes demuestren la voluntad y dispongan de la información completa para evaluar estos factores con la seriedad y equidad que el asunto demanda». La asociación reafirmó su compromiso de «seguir respaldando a las familias ganaderas afectadas, en defensa del trabajo, la producción sostenible de nuestros recursos naturales, la permanencia en el ámbito rural y el progreso sustentable de la nación».
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